El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, atribuyó la inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la falta de leyes que refuercen la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aclaró que existen avances técnicos, pero que la ausencia de normativa legal sólida es el principal obstáculo.
“Lo que falta es una ley que le dé al Estado boliviano la seriedad que exige GAFI para combatir los flujos financieros ilícitos”, explicó Montenegro.
El GAFI ha observado que Bolivia carece de un marco legal robusto, aunque reconoce ciertos progresos institucionales. Según el ministro, el país tiene dos años para revertir la situación, siempre que el próximo Legislativo apruebe las leyes requeridas.
El riesgo: pasar de la “lista gris” a la “lista negra”
Montenegro advirtió que, si el país no actúa con rapidez, podría escalar en la clasificación internacional, lo que traería consecuencias financieras graves.
“Tenemos que reflexionar. No podemos consolidar el ingreso a la lista negra. La única salida es aprobar estas leyes”, subrayó.
La autoridad remarcó que no bastan decretos o medidas administrativas: el GAFI exige leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La próxima legislatura será clave para evitar un deterioro en la reputación financiera del país y garantizar que Bolivia no quede aislada del sistema financiero global.
